El sector del alquiler de corta estancia afronta un momento clave ante la proximidad del 20 de mayo, fecha límite fijada a nivel europeo para resolver la coexistencia de normativas en España relacionadas con el nuevo registro de viviendas de uso temporal. Este sistema, impulsado por el Gobierno central y en vigor desde el 1 de julio, ha generado un intenso debate competencial con varias comunidades autónomas.
El nuevo registro de alquiler de corta duración se enmarca en una iniciativa de la Comisión Europea destinada a reforzar el control y la transparencia de los arrendamientos turísticos y temporales en los Estados miembros.
Sin embargo, España ha aplicado el registro de forma anticipada respecto al calendario común europeo, a pesar de que muchas comunidades ya contaban con sus propios mecanismos de identificación de estas viviendas, lo que ha generado una situación de doble regulación y tensiones administrativas entre niveles de gobierno.
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